La denuncia se radicó, primero, en la Justicia ordinaria; y luego, por el tipo de delito y sus implicancias, pasó al ámbito federal.
Una denuncia por un presunto caso de corrupción de menores, con derivaciones que alcanzan el ámbito digital y posibles conexiones fuera del país, conmueve al sur de la provincia. La presentación judicial expone un mecanismo de captación a través de plataformas de juego y mensajería, y ya motivó la intervención de la Justicia Federal ante la sospecha de una red que podría extenderse más allá de Tucumán.
El mecanismo de captación no es novedoso en el universo de los delitos digitales: el contacto inicial a través de redes y plataformas de mensajería, la promesa de beneficios dentro de videojuegos y, finalmente, la exigencia de material íntimo que involucra a niños.
Según surge de la presentación realizada ante el Ministerio Público Fiscal de la provincia, una mujer se presentó en la oficina de denuncias para relatar una serie de hechos que, en principio, se habrían desencadenado a partir de mensajes recibidos en el teléfono de su entorno familiar. Allí, otra persona le advirtió sobre la existencia de videos que involucraban a un menor, lo que derivó en un encuentro personal y la posterior exhibición de ese material. La denunciante describe el momento como de fuerte impacto emocional y asegura que desconocía completamente la situación hasta ese instante. Por razones legales y de seguridad no se informa ni la identidad de los protagonistas ni el lugar exacto en el que sucedió.
De acuerdo al relato, los contenidos habrían sido obtenidos mediante un proceso de manipulación y engaño, en el que adultos contactaban a menores a través de plataformas digitales vinculadas a juegos en línea. La modalidad, siempre según la denuncia, consistía en ofrecer recompensas virtuales -como créditos o elementos dentro del juego- a cambio de imágenes o videos. Esa dinámica, que comienza como un intercambio aparentemente inofensivo, escala luego hacia pedidos de mayor gravedad.
La mujer, con el asesoramiento del abogado José Sánchez Martínez, también mencionó que, tras acceder a parte del material, logró identificar conversaciones y contactos que darían cuenta de la participación de otras personas, algunas de ellas fuera de la provincia. Incluso se hace referencia a comunicaciones con prefijos internacionales, lo que encendió las alarmas sobre la posible existencia de una red más amplia, con ramificaciones que exceden el ámbito local.
En esa línea, la investigación avanzó inicialmente en la Justicia ordinaria, pero rápidamente se planteó un conflicto de competencia. El fiscal interviniente, Jorge Echayde, solicitó al juez Roberto Flores que la causa pase al fuero federal al considerar que los hechos podrían involucrar a personas de distintas jurisdicciones e incluso del exterior. El planteo fue aceptado por el magistrado, quien declaró la incompetencia de la justicia provincial.
En la resolución, fechada el 1 de abril, se señala que “la probable afectación de bienes jurídicos de trascendencia interjurisdiccional” y la eventual intervención de personas radicadas en otras provincias e incluso en otro país -a partir de un número con prefijo internacional- justifican la remisión del expediente a la Justicia Federal. Bajo ese criterio, el caso quedó radicado en el juzgado federal de turno en Tucumán, con intervención del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y del juez Guillermo Díaz Martínez.
El expediente pone el foco en una problemática que ha sido detectada en otras investigaciones a nivel nacional e internacional: la utilización de videojuegos y redes sociales como puerta de entrada para el grooming y la explotación de menores. En distintos puntos del país se han documentado causas con características similares, donde adultos se infiltran en comunidades virtuales frecuentadas por niños y adolescentes para establecer vínculos de confianza y luego avanzar hacia conductas delictivas. En algunos casos, esas investigaciones derivaron en condenas, especialmente cuando se logró rastrear la actividad digital y vincularla con personas concretas.
Especialistas en delitos informáticos vienen advirtiendo desde hace años sobre este fenómeno, que combina anonimato, acceso masivo y dificultad de control. La lógica de recompensas dentro de los juegos -monedas virtuales, “skins”, niveles- se convierte en una herramienta de manipulación particularmente efectiva cuando los destinatarios son menores de edad. Esa asimetría es aprovechada por quienes buscan obtener material o ejercer algún tipo de coerción.
En el caso que ahora investiga la Justicia Federal, uno de los ejes será determinar la trazabilidad de las comunicaciones, identificar a los posibles responsables y establecer si efectivamente existe una red organizada detrás de los hechos denunciados. También se deberán adoptar medidas de protección para los menores involucrados, tanto en el plano físico como psicológico.
La causa, aún en una etapa inicial, abre interrogantes sobre el alcance real de este tipo de delitos en contextos locales y vuelve a poner en agenda la necesidad de prevención, control y educación digital. Mientras tanto, la investigación avanza bajo reserva, para reconstruir un entramado que, como suele ocurrir en estos casos, se mueve entre pantallas, identidades falsas y fronteras difusas
